Santo Matos trabaja como chofer de carro público en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, y asegura que el alza de los pasajes es inevitable.
Lo mismo exclama con intención Franklin Ferrera desde el asiento trasero del vehículo, porque tanto usuarios como operadores del transporte público están convencidos de que el encarecimiento de los combustibles traerá un aumento en el costo de la vida, a pesar de las medidas de mitigación del Gobierno.
Producto del encarecimiento del petróleo en el mercado internacional, en dos semanas la gasolina en República Dominicana aumentó 15 pesos en total, posicionándose en 305.10 pesos el galón premium y 287.50 el regular.
Este sábado, motoconchistas, transportistas y usuarios de movilidad pública, aseguraron que el conflicto en Medio Oriente y su impacto en el crudo, hará que los costos de pasajes, alimentos y servicios aumenten de forma generalizada.
Con el alza de cinco pesos en el pasaje de la ruta de la avenida Gregorio Luperón crecen las especulaciones ante un futuro inmediato que parece anunciar un repunte en el costo de la vida.
Para mantener el precio en estos parámetros, el Gobierno destinará esta semana 1,702.2 millones de pesos. Sin embargo, el presupuesto de este año contempla subsidios a los combustibles por 12,000 millones.
Tras la pasada reunión del Consejo de Ministros se informó que se estaba identificando una partida adicional de 10,000 millones de pesos para enfrentar la situación.
Pacto de garantía
En un contexto en el que la ciudadanía anticipa un aumento sustancial en el nivel de vida y en el precio de los pasajes, se plantea un pacto nacional que garantice que los precios obedezcan a los principios de oferta y demanda en el mercado internacional.
El presidente de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Figueroa, descartó un aumento en el precio del pasaje en las más de 20 rutas que componen esa asociación. Sin embargo, presentó la necesidad de firmar un pacto nacional de garantía como condición para mantener estables los precios.
El pacto propuesto convocaría al Gobierno, transportistas, iglesias, universidades y directores de medios de comunicación. Su propósito es establecer un compromiso vinculante que obligue a bajar los precios de los combustibles cuando el barril de petróleo descienda, algo que históricamente no ha ocurrido de forma automática.
Para Figueroa, la ausencia de un documento firmado es precisamente el problema de fondo. "Si ese pacto de garantía no está firmado, es la palabra de cualquier funcionario contra la tuya y la mía, entonces nosotros no tenemos cómo reclamar", sostuvo el dirigente gremial.
El transportista advirtió que el subsidio actual no es sostenible. "Esos 15 mil millones se van en los próximos 45 días", señaló. Frente a estas adversidades, el experto también agrega que esta causa debe ser abrazada desde todos los sectores de la sociedad para evitar que suban los precios de forma descontrolada.
Figueroa indicó que en una asamblea reciente, comunitarios advirtieron que no tolerarían un aumento del pasaje en los barrios y amenazaron con daños a los vehículos. Ante ese escenario, descartó el alza por ahora y optó por llevar la discusión a una mesa de trabajo con el Gobierno. El dirigente enmarcó la crisis como un problema de alcance colectivo y no de responsabilidad individual.
Oportunidad para renovables
Figueroa señaló que la crisis actual expone una debilidad estructural del país: la dependencia casi total de los combustibles fósiles. Ante esa realidad, presentó una propuesta que combina energías renovables y electromovilidad como solución de mediano y largo plazo.
La propuesta parte de una meta concreta: que el país alcance un 40% de autonomía energética y de movilidad libre de combustibles fósiles, combinando tres fuentes que, según el dirigente, están disponibles pero sin aprovechar: la energía solar, la eólica y la hidráulica.
En cuanto a la movilidad, Figueroa propuso que al menos el 15% de la flota vehicular del Estado sea eléctrica, y argumentó que incluso los ministerios con flotas pequeñas pueden contribuir a esa meta.
Señaló que el principal obstáculo no ha sido la falta de recursos ni de proyectos, sino la ausencia de voluntad institucional para acompañar al sector privado.
