BARAHONA, RD.– Una familia residente en el municipio costero de Enriquillo ha alzado su voz para denunciar una presunta irregularidad ocurrida durante un allanamiento en su vivienda. Según las declaraciones de los afectados, agentes de la Policía Nacional habrían sustraído una suma de dinero en efectivo durante un operativo ejecutado en la madrugada del pasado 5 de marzo.
La denuncia formal fue presentada por los hermanos Alexandra, Aleydis, Dominga y Sadan Piña Sánchez, junto a sus padres. Los ciudadanos calificaron el procedimiento como un "abuso injustificable", señalando que la intervención ha afectado la tranquilidad de una familia reconocida en la comunidad por su trayectoria laboral y comercial.
Detalles del incidente y montos señalados
De acuerdo con el relato de los denunciantes, el objetivo inicial del allanamiento era la búsqueda de sustancias ilícitas y armas de fuego. En el transcurso de la acción, fue detenido Sadan Piña Sánchez; sin embargo, sus familiares explicaron que el Ministerio Público dispuso su libertad pura y simple debido a la inexistencia de evidencias que sustentaran las acusaciones.
La empresaria del sector turístico, Alexandra Piña Sánchez, detalló que el faltante asciende a RD$35,000, los cuales estaban distribuidos de la siguiente manera:
- RD$25,000 que se encontraban dentro de una alcancía destinada a la reparación de un vehículo familiar, la cual aseguran fue violentada.
- RD$10,000 pertenecientes a otro de los hermanos, que habrían sido tomados de una cartera dentro del inmueble.
La familia afirma poseer grabaciones de cámaras de seguridad en las que, presuntamente, se observa a los efectivos policiales manipulando la alcancía y la cartera, entregándolas posteriormente sin el contenido monetario tras finalizar la requisa.
Preocupación por la seguridad jurídica e inversión
Más allá de la pérdida material, Alexandra Piña advirtió sobre el impacto negativo que este tipo de situaciones genera en el clima de inversión de la provincia de Barahona. Según indicó, inversionistas procedentes de España e Italia, interesados en desarrollar proyectos hoteleros y gastronómicos en la zona, han manifestado su inquietud ante estos reportes.
"Hechos de esta naturaleza generan desconfianza en quienes buscan establecer negocios, pues observan con atención si se garantiza el respeto a la propiedad privada y la seguridad jurídica en nuestras comunidades", enfatizó la empresaria.
Llamado a las autoridades superiores
Ante la gravedad de los señalamientos, la familia Piña Sánchez hizo un llamado directo al director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, y a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. Solicitan que se inicie una investigación exhaustiva y transparente sobre el protocolo seguido por los agentes adscritos a la Dirección Regional Sur.
Los afectados esperan que, de comprobarse las irregularidades denunciadas, se apliquen las sanciones disciplinarias y legales correspondientes, con el fin de fortalecer los mecanismos de supervisión institucional y proteger los derechos ciudadanos.
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