Cuando el presidente Danilo Medina Sánchez creó mediante el Decreto 6-17, una comisión para que investigara el proceso de licitación y adjudicación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, quitándole las atribuciones al Ministerio Público y suplantando al procurador Jean Alain Rodríguez, en franca violación a la Constitución y las leyes que el juró respetar cuando tomó posesión como jefe de esta, dijimos “hay gato entre macuto” en la construcción de las Plantas a Carbón de Catalina, debido a que Odebrecht era parte de las empresas que se le había otorgado el contrato para la realización de la obra, y justo en el momento de la creación del grupo de borregos, socios, suplidores, empleados y bocinas de su Gobierno, el presidente de la empresa brasileña Marcelo Odebrecht estaba siendo procesado en Estados Unidos y Brasil por el escándalo de corrupción más grande de América Latina y el Caribe.
El grupo de paladines encubridores de la corrupción del gobierno está compuesto por monseñor Agripino Núñez Collado, miembro del Consejo de Administración de Acero Estrella socia de Odebrecht, reverendo Jorge Alberto Reynoso Cabrera, pastor evangélico, Pedro Brache, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), proveedor del gobierno, José Luis Corripio Estrada (Pepín), empresario suplidor del Estado, Gabriel del Río Doñé, secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Servio Tulio Castaños Guzmán, al servicio del sistema y vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, abastecedor, aliado del PLD y ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), César Sánchez, consultor de Danilo Medina y exadministrador de la CDEEE, y Jaime Aristy Escuder, economista y asesor de los que gobiernan.
Al descubrirse el método gansteril utilizado para ganar la licitación de la plantas de Danilo Medina y Rubén Bichara, una de las empresas participantes en la licitación para la construcción de la terminal energética Punta Catalina, acudió a la Procuraduría General de la República donde interpuso una instancia para que se investigara la sobrevaluación de 1,040 millones de dólares por parte de Odebrecht. El gerente general del Consorcio IMPE, Raúl Cabrera, dijo que presentaron ante la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) un ante proyecto del proceso de construcción de la obra, valorado en 900 millones siendo desplazados por Odebrecht quien entregó la misma propuesta pero valorado en 2,200 millones. “La técnica usada por Ángel Rondón era la siguiente; primero sobornaba a los funcionarios del gobierno de Danilo Medina y después le daban la licitación favorable a él, ahí era que ponían la sobrevaluación como pasó en Punta Catalina”, indicó Cabrera. Esas maniobras para quitarle el contrato provocaron que el Consorcio IMPE demandara por 50 millones de dólares y elevará un recurso de impugnación al proceso de licitación realizado por la CDEEE y adjudicado a la sociedad comercial Norberto Odebreht-Tecnimont, ya que IMPE hizo la mejor oferta técnica y financiera.
Meses después del presidente Danilo haber conformado la comisión de aliados y presos de confianza de él, el 11 mayo del año en curso la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) a través de uno de sus voceros el vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños, afirmó que habían irregularidades graves con las plantas de carbón que debería investigar el Ministerio Público, sobre la licitación y adjudicación de la Termoeléctrica de Punta Catalina. Castaños Guzmán recordó que la misma Odebrecht señaló que entregó sobornos del 2001 al 2014 a través de Rondón, y que la única obra que se contrató en la gestión de Danilo Medina del período 2012 al 2014 fue Punta Catalina. Entonces ahí hay un problema… Afirmó que quienes integraron la comisión de licitación de la Termoeléctrica no sabían de eso, por eso contrataron a Stanley Consulting. Señaló que esa firma contratada ejerció atribuciones que le competen a la comisión de licitación.
En la página 14 de 336 que contiene el pliego de pruebas depositado por el procurador Jean Alain del sometimiento a la justicia de los implicados en la mafia de sobrevaluación y sobornos que dirigía el gánster dominicano condecorado por el presidente Medina, Ángel Rodón Rijo en representación de la empresa Brasileña, en el mismo la Procuraduría admite que Odebrecht sobornó a funcionarios dominicanos para obtener contratos; “Bulevar Turístico del Este de fecha 30 de abril de 2012.
Institución contratante Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Consorciado por la Constructora Rizek y Asociados, S.R.L., representada por el Ing. Raúl Rizek, por un Monto de US$109,943,671.43. Termoeléctrica de Punta Catalina Contrato de fecha 14 de abril de 2014. Ejecutado por el Consorciado Ingeniería Estrella, S.A., representada por el Ing. Manuel Estrella. Institución contratante, CDEEE por un Monto de: US$2, 010, 744,751.91″. Estas obras fueron adjudicadas u otorgadas mediante el pago de sobornos realizados a funcionarios de la República Dominicana utilizando una estructura corporativa de empresas offshore pertenecientes al imputado Ángel Rondón Rijo y a la sociedad comercial Constructora Norberto Odebrecht”. En el caso de las dos plantas Punta Catalina el contrato fue a solicitud de Rubén Jiménez Bichara mano derecha y de la íntima confianza del presidente Danilo Medina Sánchez. Esto demuestra claramente que faltan imputados en este expediente y que se ha procedido con selectividad, sacando del proceso a los funcionarios sobornados de la administración de Danilo Medina, quien ante este hecho y sumado a las pruebas de haber recibido financiamiento electoral ilegal, también tendría que figurar como encartado en este proceso.
El año pasado cuando estalló el tsunami de Odebrecht y cayeron presos los ejecutivos de la corporación multinacional Brasilera y Joao Santana, delincuente internacional y asesor del licenciado Danilo Medina, de inmediato ellos empezaron a hablar hasta por los codos, y luego de que se dieran a conocer los resultados de la licitación amañada CDEEE-LPI-01-2013 y la implicaciones que tenía el hombre del maletín y de los sobornos, financista de la reelección presidencial del 2016, Ángel Rondón, premiado por este gobierno para la construcción de las dos plantas a carbón de Punta Catalina, a Rubén Bichara, vicepresidente de la CDEEE “se le apretó el pichirrí”, le temblaron las piernas y empezó a cantar de una vez revelando que no fue él quien firmó con Odebrecht sino más bien su jefe, cito: “El presidente Danilo Medina negoció directamente con el consorcio que iba a construir las plantas, compuesto por la Constructora Norberto Odebrecht, S. A, Tecnimont, S. P. A., y la Ingeniería Estrella, S. R. L.” Sólo ese hecho para no mencionar otra vez lo más arriba expresado por (Finjus) y la empresa Consorcio IMPE, que denunció la sobrevaluación de los 1,040 millones de dólares por parte de Odebrecht, es suficiente para que la comisión de notables borregos, socios, suplidores, asesores, empleados y bocinas del Gobierno, dieran al pueblo dominicano un veredicto diferente y no prestarse para hacerle más daño a nuestro país en materia institucional, de lucha contra la corrupción y la impunidad, que son las causantes de la descomposición social de nuestra nación, y que por personas como ellos que se han prestado a hacerle el juego a los gobiernos de turno desde la dictadura de Trujillo hasta la de Medina, para beneficio propio, sin importar que con esto laceren el presente y futuro de la mayoría de los dominicanos que no tienen sus problemas resueltos como ellos y que sueñan con una patria más justa y equitativa como la soñó y para la que trabajó nuestro Padre de la Patria, que hoy debe estar avergonzado de ciudadanos de esa calaña.
