La guerra en Irán ha reconfigurado el mapa de la incertidumbre económica global sin que, hasta ahora, exista una escasez real de petróleo. Sin embargo, el cierre del estrecho de Ormuz —arteria por la que fluye una quinta parte del crudo mundial— ha abierto espacio a la especulación en los mercados. El resultado es conocido: precios más elevados y una volatilidad que se transmite, casi sin filtros, a economías abiertas como la dominicana.
En este contexto, la afirmación del presidente Luis Abinader adquiere un carácter inapelable. Ciertamente, somos tomadores de precios. No decidimos el costo del petróleo ni de los combustibles; lo asumimos. Y cuando ese costo sube, su impacto se filtra en el transporte, la electricidad y, finalmente, en el bolsillo de los ciudadanos.
Ninguna medida interna puede aislar completamente al país de este choque externo. Pretender lo contrario sería desconocer la naturaleza misma de nuestra inserción en la economía global. Sin embargo, sí es posible amortiguar sus efectos.
Las disposiciones anunciadas por el Gobierno —subsidios focalizados, monitoreo constante y ajustes graduales— apuntan precisamente a moderar el impacto sin comprometer la estabilidad fiscal. En un escenario dominado por la incertidumbre, la clave no está en evitar el golpe, sino en administrar su alcance.