En un comunicado conjunto, las entidades señalan que la adopción e implementación de esta ley permitiría garantizar un mínimo de derechos a la salud y a la dignidad de las mujeres, conforme a los compromisos internacionales de derechos humanos del Estado dominicano.
La Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Nacional por los Derechos Humanos y la Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres firman el documento.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se encuentra actualmente analizando el proyecto de reforma al Código que incluye la despenalización del aborto cuando corre riesgo la vida de la mujer, cuando el embarazo es inviable o cuando es producto de violación o incesto.
Para las entidades, este es solo un primer paso en la defensa de los derechos de las mujeres dominicanas, y resaltaron la importancia de que estas causales entren ya en la reforma al Código Penal y no en un proyecto de ley aparte, como han planteado algunos diputados, pues esto solo busca enterrar la posibilidad de poder legislar sobre la despenalización parcial del aborto.
“Es hora de que el Congreso dominicano aproveche esta oportunidad para salir del vergonzoso grupo de países que en Latinoamérica prohíben totalmente el aborto, conformado también por Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití”, señaló Juan Francisco Soto, vicepresidente de la FIDH.
La criminalización del aborto en todas las circunstancias profundiza la discriminación en contra de las mujeres más pobres que no pueden salir al extranjero para beneficiarse de servicios de aborto legal y seguro.
Su prohibición absoluta empuja a que las mujeres recurran a otros mecanismos clandestinos, y muchas veces extremos para abortar, poniendo en peligro su salud y vida, apuntan las entidades, que recuerdan en la nota que la República Dominicana mantiene en la región uno de los más altos índices de mortalidad materna.
Según una encuesta de junio 2018, el 79 % de personas consultadas está de acuerdo en que el aborto no sea criminalizado cuando la vida o salud de las mujeres están en riesgo; el 76 % cuando el embarazo no tiene probabilidades de vida fuera del útero de la mujer; y un 67 % cuando el embarazo es producto de violación o incesto.
El Código Penal dominicano, sancionado por el Congreso Nacional (bicameral) en 2014, ha sido vetado en dos ocasiones por el presidente de la República, Danilo Medina, debido a que mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos.
“Para nuestras organizaciones resulta alentador que el presidente haya manifestado su apoyo a las excepciones, así como también una parte del Congreso y la gran mayoría de la sociedad dominicana”, apuntan en este sentido.
En abril, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados presentó a los legisladores una propuesta que excluye del Código Penal los tres causales para la despenalización del aborto, lo que ha generado reacciones tanto dentro como fuera del país.
Fuente:acento.com.do