Fue el tema principal de campaña de los aspirantes a la gobernación
NUEVA YORK.– Un panel de ética judicial investiga a la jueza Shelley M. Richmond Joseph, por la liberación del dominicano José Medina Pérez, a quien supuestamente protegió para que no fuera arrestado por la policía migratoria (ICE) y deportado por tercera vez a la República Dominicana, después de reentrar dos veces ilegal a Estados Unidos, siendo detenido y acusado por cargos de narcotráfico.
El caso de Medina Pérez, fue el tema principal de campaña de los aspirantes a la gobernación de Rhode Island, en las elecciones de noviembre y la gobernadora Gina Raymondo, fue acusada por sus adversarios de encubrir a criminales extranjeros, en los debates en el que se enfrentaron.
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La ICE alega que su nombre real es Oscar Manuel Peguero, y es un ciudadano de 38 años de edad de la República Dominicana. Fue deportado dos veces antes, en enero de 2003 y en junio de 2007.
Los federales dicen que el nombre que está usando, corresponde a un puertorriqueño.
Medina Pérez, fue arrestado por la policía de la ciudad de Newton por cargos de drogas, enfrenta una orden de arresto por conducir ebrio en Pensilvania y policías de ICE, estaban en el tribunal, cuando la jueza les dijo a los abogados que “ICE lo va a atrapar”, durante una conversación del 2 de abril. Pero no es la primera vez que un juez de Newton parece ayudar a un inmigrante indocumentado.
El año pasado, otro dominicano deportado por violación a un menor fue puesto en libertad con fianza de $2,500, pero esa vez el fiscal federal en Boston convocó a un gran jurado para investigar.
La decisión de la jueza Joseph es el foco de una investigación sobre si la magistrada violó la ley y ayudó a Medina Pérez a evadir a las autoridades federales.
Varios empleados de la corte han testificado recientemente ante el gran jurado, le dijo una fuente al periódico Boston Globe.
La investigación federal sobre un juez de un tribunal estatal en funciones es extraordinaria y muestra la oposición altamente politizada y la confrontación de las autoridades estatales y federales que han recibido instrucciones de reprimir a los inmigrantes indocumentados.
El ex fiscal estadounidense Michael J. Sullivan dijo que sería impactante, y es obstrucción de la justicia, si algún funcionario de la corte ayudara a un acusado a huir de las autoridades federales.
“Hay una gran diferencia entre no hacer nada y tomar medidas afirmativas para evitar que alguna autoridad ejerza sus derechos”, dijo.
La jueza Joseph, quien fue nombrada por el gobernador Charlie Baker el año pasado, declinó hacer comentarios. Ella tiene un año de ejercicio como magistrada y fue abogada defensora en casos criminales y fiscal por varios años, antes de ser designada.
Los críticos dicen que su decisión para favorecer al dominicano, pueden haber entrado en conflicto con dos políticas judiciales, pero el Tribunal de Primera Instancia, que se negó a comentar sobre la investigación actual, tiene un requisito claro de que los jueces y otro personal de la corte no deben ayudar ni obstaculizar a los agentes federales.
También está la regla de la corte de que todas las ses
iones, con la excepción de las presididas por un secretario, deben ser registradas.
El director interino de la oficina de campo de ICE en Boston, Todd M. Lyons, se negó a comentar específicamente sobre la investigación, pero dijo que hay preocupación de la agencia sobre la interferencia con las detenciones de extranjeros criminales.
“Sería muy preocupante para nosotros, así como una falta de respeto a los hombres y mujeres de ICE que se pusieron en peligro para proteger a nuestras comunidades, si alguien, especialmente un representante de un tribunal, supuestamente tomara medidas deliberadas para ayudar a un fugitivo de inmigración a evadir la ley”, dijo Lyons en una declaración pública.
El Tribunal Supremo Judicial de Massachusetts dictaminó el año pasado que la policía no podía mantener a alguien bajo custodia únicamente por una violación de inmigración.
Varias comunidades de Massachusetts, incluidas Boston y Newton, se han declarado ciudades santuarios que no ayudarán a la ICE a capturar a residentes indocumentados.
Pero el goberbador Baker ha tratado de fortalecer la autoridad de los policías locales para detener a los acusados indocumentados que han sido condenados por delitos violentos.
Medina Pérez fue arrestado en abril en Roslindale y fue liberado con fianza por un juez de inmigración y su caso está pendiente, según la ICE.
Según los registros, fue arrestado el 30 de marzo por la policía de Newton, quien revisó la matrícula de su auto a través de una base de datos nacional y encontró una orden de arresto por conducir en estado de ebriedad en un tribunal de Pennsylvania. Los policías de Newton supuestamente le encontraron una pastilla y dos bolsas, que contenían polvo blanco que creían que era cocaína.
Medina Pérez, quien afirmó que tenía 36 años y era ciudadano estadounidense y vivía en Brockton, fue acusado de posesión de sustancias clase B y clase E, y de ser un prófugo de la justicia.
La policía también descubrió que tenía un alias, Julio Alexis Ríos, en una base de datos federal.
Su primera comparecencia en el tribunal el 2 de abril se retrasó para que la corte le proporcionará un abogado de oficio y un intérprete en español.
Cuando se reanudó la audiencia esa tarde, su abogado, el fiscal del condado de Middlesex, Shannon Jurgens, y la jueza se reunieron en la conferencia de la barra lateral.
Según la oficina del fiscal del distrito de Middlesex, se retiraron los cargos contra Medina Pérez, como fugitivo porque la foto policial de Pensilvania no coincidía con él.
Minutos más tarde, Medina Pérez salió por la puerta trasera del juzgado, según le dijeron al Boston Globe dos personas informadas sobre el incidente.
El año pasado, la jueza de la corte, Mary Beth Heffernan, liberó al dominicano Luis Báez, deportado previamente a la República Dominicana condenado por violar a una estudiante del Boston College.
Báez, era taxista de Uber, usando un nombre falso.
Heffernan rechazó la solicitud de los fiscales de una fianza de $100,000, y se la impuso de $2,500, que pagó el acusado, y luego huyó.
A principios de este año, la jueza federal en Boston, Indira Talwani, reprendió a ICE por arrestar a un inmigrante chino en un pasillo de la corte, después de que fue puesto en libertad condicional por fraude.
“No veo ninguna razón para que los lugares de reparación y justicia se conviertan en sitios donde la gente tiene miedo de aparecer”, dijo la magistrada Talwani, según informes publicados.
Por Miguel Cruz Tejada
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