Tomado de El Caribe
En Punta Catalina se construyen dos plantas de carbón. (Edward Roustand)
La empresa brasileña Odebrecht continuará al frente de la construcción de las dos plantas de Carbón de Punta Catalina, luego de que la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional declarara inadmisible la demanda incoada por el consorcio Impe SRL.La decisión, refrendada por la jueza Priscila Martínez, deja sin efecto la solicitud que hizo Impe SRL para la designación de un administrador judicial colectivo, el cual se encargaría de continuar con la obra.
Además, se ordenó a la empresa demandante Impe SRL el pago de las costas procesales, a favor del abogado de Odebrecht Robert Valdez.
En su escrito, la magistrada detalla que el 24 de agosto del 2013 el Consorcio Impe, SRL suscribió un contrato con la empresa Gezhouba Group Company (GGC), legalizado por el notario Julián Tolentino, con el objetivo de participar en la convocatoria de licitación para el proyecto de las termoeléctricas en Punta Catalina, en el cual se estableció que esta segunda empresa sería la líder del consorcio con un 70% de las acciones.
También el 30 de octubre del 2013, estas compañías resultaron descalificadas para participar en dicho proceso de licitación pública, por haber comprobado el Comité de Licitación la existencia de errores o defectos sustanciales o subsanables que afectaban la oferta administrativa.
Frente a esto, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia decidió que Consorcio Impe, SRL no tiene calidad para solicitar medidas cautelares en contra de Odebrecht, por encontrarse descalificada del referido concurso, y por no existir documentación alguna que establezca que el referido consorcio posee vinculación contractual en relaciones sinalagmáticas (bilaterales) entre Constructora Odebrecht y el Estado dominicano.
Medio Ambiente multa a Lajún; intervienen Duquesa
Diana Rodríguez
El Ministerio Público investiga la legalidad de la titulación de los terrenos donde opera el vertedero
Policías de Medio Ambiente fueron apostados a la entrada de Duquesa para garantizar el vertido de basura.
Policías de Medio Ambiente fueron apostados a la entrada de Duquesa para garantizar el vertido de basura. (Edward Roustand)
La empresa Lajún Corporation, que opera el vertedero de Duquesa, deberá pagar una multa de 16 millones de pesos por violaciones a la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00.Así lo informó ayer el ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, tras anunciar que dicho vertedero fue intervenido por agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) a fin de garantizar el vertido de los desechos sólidos del Gran Santo Domingo.
Entre los ilícitos detectados está el no ejecutar el programa de manejo de conformidad a las normativas ambientales, no brindar las facilidades necesarias para la realización de las inspecciones y el cumplimiento de los procedimientos de lugar dentro del vertedero, y la no elaboración de los informes de calidad ambiental. También se le responsabiliza de la contaminación de algunos arroyos que van al río Isabela con los lixiviados no tratados generados en el vertedero.
El funcionario dijo que pese a los diálogos entre los ayuntamientos y la empresa Lajún Corporation, que calificó de traumáticos, se han presentado serias dificultades que han amenazado la salubridad de los habitantes del Gran Santo Domingo. “Ha habido acciones unilaterales de entidades públicas y privadas que han puesto en peligro la regularidad del vertido”, subrayó.
“Este es un problema de salubridad y sobre todo ahora en Semana Santa no podemos coger ningún riesgo de paralización de los vertidos”, agregó.
Ayer, el vertido de los desechos sólidos en Duquesa fluyó con normalidad tras la intervención de policías medioambientales que están apostados en la entrada del vertedero desde la noche del martes. Respecto a la declaratoria de emergencia sanitaria en los municipios Los Alcarrizos y Santo Domingo Norte, reiteró el apoyo de la institución medioambiental de manera que el vertido de los desechos no se vea afectado. “La salud de los habitantes del Gran Santo Domingo es fundamental y vamos a tomar cualquier medida que haya que tomar dentro del marco de la ley, respetando el debido proceso a los fines de que no se presente ninguna situación crítica de salubridad”, enfatizó.
Investigación de terrenos
Domínguez Brito también informó que este ministerio está recopilando documentos acerca de la titularidad de los terrenos del vertedero y en caso de que encuentren irregularidad pedirán una investigación al Ministerio Público.
“Estamos haciendo un levantamiento de todos los datos sobre titularidad, estatus contractual, jurídico de dicha empresa con relación a los diferentes actores públicos, sea ayuntamientos o de cualquier otra naturaleza a los fines de identificar si hay algún tipo de ilícito penal y proceder a solicitar al Ministerio Público la investigación correspondiente”, dijo.
Precisamente, ayer, el Ministerio Público informó que realiza exhaustivas indagatorias para determinar con precisión la legalidad de los documentos que aluden las partes intervinientes en los terrenos del vertedero de Duquesa y cómo la empresa Lajún Corporation tomó posesión de las 1,392 tareas que ocupa esa instalación.
A través de un comunicado, la Procuraduría General de la República informó que dichas pesquisas permitirán al organismo rector de la persecución penal, comprobar en forma preliminar, si en las operaciones de cualquier tipo, realizadas con dicha propiedad existe algún vestigio de actuación dolosa.
Explicó también que las transacciones efectuadas con esos terrenos provienen desde hace décadas, por lo que como parte de esas tareas se recaban, evalúan y verifican, con el debido cuidado, las documentaciones e informaciones que las soportan, obtenidas mediante requerimientos a varias instituciones y personas.
La comisión a cargo de estas diligencias inició sus labores a finales de diciembre pasado por encomienda del procurador General, Jean Rodríguez, y está integrada por el director nacional de Persecución del Ministerio Público, Juan Amado Cedano; el abogado del Estado y procurador fiscal ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier.
Los comisionados deberán presentar en los próximos días un informe al Procurador General con sus conclusiones y recomendaciones sobre si procede o no iniciar acciones punitivas.
No aparece contrato de ventas
Sobre el tema, el nuevo director del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) reveló el pasado martes que encontraron irregularidades en la mayoría de los documentos recopilados en el proceso de investigación que se lleva a cabo en torno a la titularidad de los terrenos del vertedero. Pedro César Mota Pacheco enfatizó en que en la revisión de más de 30 documentos no encontraron contratos de ventas entre el CEA y Lajún Corporation.
Entidades municipales apoyan intervención
Las medidas tomadas por el Ministerio de Medio Ambiente, en aras de garantizar el vertido y tratamiento de los desechos, fue aplaudida por la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y la Mancomunidad del Gran Santo Domingo. Rafael Hidalgo, presidente de Fedomu, reiteró la importancia de que el Poder Ejecutivo junto a los ayuntamientos afectados continúen coordinando acciones para llevar la administración de este vertedero a la legalidad, así como impulsar su transformación en garantía de las condiciones sanitarias y ambientales que merece el país. De su lado, el presidente de la Mancomunidad y alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, favoreció la decisión de colocar policías municipales en Duquesa a los fines de evitar situaciones recientes que han impedido la entrada de los camiones de los diferentes ayuntamientos al vertedero.
Envían más policías y militares a vigilar en Semana Santa
Wander Santana
El Gobierno dejó iniciado el Operativo Preventivo Semana Santa 2017, al que fueron integrados 10,000 policías y 2,300 militares, siendo más de 30,000 los agentes responsables de garantizar la seguridad ciudadana. Ayer se inició la salida masiva de per (Romelio Montero)
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Los organismos de seguridad enviaron ayer a las calles 10 mil policías y 2, 300 militares para prevenir la inseguridad y los incidentes durante el asueto de la Semana Santa.El anuncio lo hizo el director de la Policía Nacional, Nelson Peguero Paredes, quien además aseguró que con este incremento de patrullaje, suman más de 30 mil, los agentes de seguridad que estarán vigilando las calles, playas y balnearios de todo el país.
También hizo un llamado a la ciudadanía a tomar medidas para evitar riñas y hechos violentos. Además sugirió tomar las medidas de seguridad como cerrar bien las puertas y ventanas antes de salir de casa.
Peguero Paredes explicó que los policías que se sumaron al operativo de seguridad, son agentes que estaban realizando servicios como policías escolares, judiciales, labores de oficina, protección a dignatarios, Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Harán respetar las prohibiciones
Mientras que el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, informó que los agentes se encargarán de hacer cumplir la disposición de prohibición de ventas de bebidas alcohólicas, la cual entra en vigencia hoy jueves a las 12 de la medianoche hasta el viernes a la misma hora.
También dijo que le incautarán las armas de fuego a todas las personas que acudan con ellas a los balnearios, playas, bares, discotecas y colmadones como medida para evitar situaciones de violencia. Amarante Baret además expresó que los agentes se encargarán de acompañar a los miembros de los organismos de socorro, para que las personas sean sacadas de las playas, ríos y balnearios antes de las seis de la tarde.
Previo a la actividad que se realizó en el Palacio de la Policía Nacional, el ministro de Defensa, Rubén Paulino Sem, anunció que en los operativos de Semana Santa participarán brigadas élites para garantizar la seguridad no sólo de los que se van a los pueblos, sino de los que se quedan en la capital.
Además del ministro de Defensa, el director de la Policía y del ministro de Interior y Policía, en la actividad estuvieron presentes por la Armada de República Dominicana (ARD), el vicealmirante Miguel Enrique Peña Acosta; el mayor general Luis Napoleón Payan Díaz, comandante general de la Fuerza Aérea República Dominicana (FARD); el general Rafael