La reciente Resolución 001-2026 de la Dirección General de Migración (DGM), que endurece los requisitos para permisos de trabajo a extranjeros y limita las actividades informales a los no residentes, ha generado reacciones entre ciudadanos venezolanos en el país, quienes valoran el orden que busca la medida, pero advierten sobre vacíos y posibles efectos negativos.
El periodista venezolano Javier Lunar consideró que la exigencia de un contrato formal no es nueva, sino parte del proceso para garantizar derechos laborales y transparencia. “Si es para resguardar, transparentar y proteger los derechos del trabajador y del empleador, me parece perfecto”, afirmó.
Sin embargo, expresó preocupación por las limitaciones que impone la normativa al trabajo informal, señalando que muchos extranjeros, al igual que dominicanos, dependen de ingresos adicionales. Advirtió que hay personas que tienen su empleo, pero también hacen taxi o algún emprendimiento y con esta medida podrían “ser multados y hasta les pueden quitar incluso su documentación”.
Lunar también señaló que la medida podría aumentar la presión sobre quienes no están plenamente regularizados o dependen de actividades informales para subsistir. “Van a correr el riesgo de ser deportados”, indicó, aunque reconoció que los extranjeros deben respetar las leyes del país.
A pesar del objetivo de la medida, Javier Lunar señaló que le queda una duda sobre su alcance: si la resolución aplicará por igual a todos los extranjeros, incluyendo a quienes se acogieron a planes de normalización anteriores.
Indicó que no está claro si estos casos serán tratados bajo las nuevas reglas o si tendrán algún tipo de consideración especial, lo que genera incertidumbre entre quienes ya estaban en proceso de regularización.
El venezolano Rafael Rodríguez, consideró que cada país es soberano para establecer sus políticas migratorias, por lo que entiende que la República Dominicana está en su derecho de aplicar medidas. “Cada país es soberanamente autónomo de tomar las decisiones que considere necesarias en materia política migratoria”, expresó.
No obstante, pidió a las autoridades tomar en cuenta las limitaciones que enfrentan los venezolanos para obtener documentación oficial, destacando que, a su juicio, el Estado dominicano ha sido “razonablemente tolerante” con esa realidad. Asimismo, mencionó que existen precedentes internacionales, como en Estados Unidos, donde se han flexibilizado requisitos ante estas dificultades.
En cuanto a las restricciones sobre actividades informales, indicó que prefiere analizar con mayor profundidad el alcance de la medida antes de fijar una posición definitiva, al considerar que podrían existir elementos adicionales que justificaron su implementación.
Preocupación y cuestionamientos
De su lado, la venezolana Alondra Arias cuestionó la eliminación de la declaración jurada como mecanismo para demostrar ingresos, una vía que, según explicó, fue utilizada durante el proceso de regularización. “¿Qué va a pasar con esa gran cantidad de adultos mayores están aquí en República Dominicana con la declaración jurada?”, plateó.
Arias también alertó sobre dificultades prácticas para cumplir con los nuevos requisitos, como la exigencia de pasaportes vigentes por al menos 18 meses, en medio de la falta de servicios consulares venezolanos en el país. “Muchos tienen los pasaportes vencido. Entonces, ¿cómo hace?”, explicó.
Asimismo, señaló retrasos en los procesos de renovación de carnés de trabajo y citas que se estarían otorgando para 2027, lo que podría dejar a extranjeros en un limbo migratorio. “Hay más interrogantes que respuestas”, expresó.
Otro punto que genera inquietud es la disposición que establece que el empleador deberá coordinar la repatriación del trabajador al finalizar el contrato, lo que, a juicio de Arias, podría limitar las oportunidades de los extranjeros para buscar nuevos empleos dentro del país.
En redes sociales, la preocupación también se ha hecho sentir. Cientos de venezolanos han cuestionado la medida, especialmente quienes dependen de la declaración jurada, tienen emprendimientos o trabajan de manera independiente, al considerar que podrían quedar fuera del sistema sin alternativas claras.
La DGM
La resolución de Migración establece que todas las solicitudes, tanto nuevas como en trámite, deberán contar con un contrato de trabajo registrado en el Ministerio de Trabajo, excluyendo las declaraciones juradas como sustento laboral. Además, advierte que los permisos no autorizan actividades informales como motoconcho, taxi, ventas ambulantes o delivery.
En el comunicado, la DGM sostiene que la medida no introduce nuevos requisitos, sino que busca organizar, precisar y reforzar el cumplimiento de los ya contemplados en la legislación migratoria dominicana, en procura de una gestión más clara, ordenada y efectiva.