«Yo no estoy aquí para hacer huelga, por que no comparto las huelgas, pero estoy para darle un apoyo moral a mis ex compañeros de trabajo, por que yo se que son gentes pobres y que hace tiempo debieron darle sus prestaciones».
VICENTE NOBLE: Ex empleados del
Acueducto Múltiple del Suroeste (ASURO) del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA) realizaron una protesta de forma pacífica la mañana de este martes, prohibiendo la entrada de los actuales empleados a sus áreas de trabajo
Los ex empleados del INAPA llamaron abusadores a las actuales autoridades por la falta de entrega de sus prestaciones, debido que a 7 meses que fueron cancelados de sus funciones no han recibido lo que por ley les corresponde, expresaron.
Dijeron que son padre de familia y deben pagar casas de alquiler y que los colmados han dejado de despacherle algunos alimentos, para sustentar a sus dependientes, ellos cuentan con sus dinero para saldar deudas acumuladas hasta el día de hoy.
Demandaron de las autoridades resolver lo más pronto posible, ya que lo que ocurrió en el día hoy es un pre aviso de lo que van a realizar en los próximos días, si no reciben repuesta de la entrega de su dinero, no aguanta más el abuso», así lo expresó Bienvenido Valdés Cuevas.
Ya no soportan un día más con sus deudas, debido a que desde hace los 7 meses las llamadas para cobrarles no sesan departe de los bancos, y otros problemas personales, lo reglamentario son tres meses y estos llevan 7 meses sin darnos repuesta», destacó Julián Ruiz Peña.
Mientras que Nelson Balde Jiménez, expresó «que él es un padre de familia, vive alquilado y que después que lo cancelaron en estos 7 meses no ha trabajado en ningún lado, donde vive en la actualidad lo quieren tirar para la calle, los colmados ya no le quieren fíar más, por lo que ellos están ahí pacíficamente, y exigen una explicación del por qué no se le ha entregado su dinero».
Al lugar de la paralización se presentó el exdirector regional del INAPA, Ingeniero Felipe Sisa Brito, quien se solidarizó con sus ex compañeros de labores, y dijo «que la protestas debe ser el último recurso que deben usar los ciudadanos, para exigir algun reclamo, pero que en ese caso las actuales autoridades del INAPA, están cometiendo un abuso con estos hombres y mujeres a nivel nacional, debido a que hace 7 meses que fueron cancelados y no han recibido sus prestaciones laborales».
«Yo no estoy aquí para hacer huelga, por que no comparto las huelgas, pero estoy para darle un apoyo moral a mis ex compañeros de trabajo, por que yo se que son gentes pobres y que hace tiempo debieron darle sus prestaciones».
Sisa Brito acuso al director del INAPA, que este todavía está en campaña, por que este señor está pensando ser candidato de aquí a 4 años, olvidándose de sus responsabilidades y está enfocado solo sus compañeros del partido oficialista, dejando de un lado a los ex empleados a quiénes les tiene que resolver sus problemas con la entrega de sus prestaciones laborales.
Dijo que es penoso que una institución como el INAPA, se le haga una huelga, ya que la misma es una institución de servicios, de los cuales ellos no pueden hacerles un daño, ya que este puede repercutir a la población, con la paralización del servicio.
«Por lo que las principales autoridades deben darle la cara, no solo a los empleados de la Región Enriquillo, si no al país completo que está esperando sus prestaciones». Enfatizó
Sisa, se refirió a su caso particular, donde fue colocado como asesor, donde él permaneció 23 años de esa institución, y en ese puesto no le corresponde prestaciones, destacó que el nunca ocupó esa posición, enfatizando que si a él no le resuelven su problema, que se preparen que lo demandará por la suma de 100 millones de pesos, que quede claro, y que si a sus compañeros no le dan respuesta rápido él también se sumará hacer huelgas en los próximos días».
Las autoridades tienen 15 días para el desembolso de las prestaciones laborales, de lo contrario seguirán con sus luchas.
Cabe destacar que el Acueducto Múltiple del Suroeste (ASURO) que beneficia con agua potable a una población aproximada de 409 mil personas en 35 comunidades de 3 provincias.
Al lugar se presentaron miembros de la policía Nacional y el ejército, que no tuvieron que la fuerza para habilitar el aseso a las oficinas del acueducto.