SANTO DOMINGO.- El exministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, negó este jueves durante su gestión haya existido una mafia de venta de nombramientos en el departamento de Recursos Humanos como denunció esta semana un exempleado de esa institución.
Mediante un comunicado de prensa, Sánchez Cárdenas aclaró que a su llegada en mayo 2018 solicitó al Ministerio de Administración Pública la reestructuración de esa unidad, la cual, según dijo, se llevó a cabo.
“Allí no quedó mafia, ni operó, ni dejaría operar semejantes prácticas”, sostuvo el exfuncionario.
Agregó que concluido ese proceso “en la Dirección de Recursos Humanos dejamos una estructura saneada, técnicamente capaz y bien dirigida por una profesional del ramo con alto nivel traída del sector privado, por tanto, para juzgar este caso, no se puede salpicar todas las administraciones indiscriminadamente y descalificar a todo el personal de ese Dpto reestructurado como participante de las barbaridades denunciadas y que necesitan pruebas de sustentación”.
Afirmó que en su gestión no operó “la mafia tradicional que Nelson alude”.
Las declaraciones de Sánchez Cárdenas se producen a raíz de la denuncia realizada esta semana el doctor Nelson Rodríguez Monegro, de que la negociación o venta de nombramientos en el Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública no es una práctica nueva, y los interesados deben pagar entre RD$30 y RD$50 mil para lograr el objetivo, según reveló un exempleado de esa institución estatal.
De acuerdo al doctor, que trabajó por doce años en la institución, en caso de un médico, una enfermera o bioanalista que tiene garantizado su permanencia en el Estado, el interesado podría pagar entre 30 y 50 mil pesos; mientras que cuando se trata de empleos de otra categoría iría entre 10 mil, 15 mil y 20 mil pesos y en ocasiones la negociación puede incluir la entrega del primer salario completo.
La citada área es a la que pertenece el empleado suspendido la pasada semana por alegadamente haber incurrido en la tramitación de empleos a cambio de dinero.
Debido a la denuncia, fue remitido a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), donde su incumbente, Milagros Ortiz Bosch investiga el caso.