Representantes de la Iglesia Católica reunidos con la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina.
SANTO DOMINGO.- Una comisión de alto nivel de la Iglesia Católica fue este lunes al Congreso Nacional donde expuso a legisladores la “urgencia” de que sea aprobada la ley que modificaría Código Penal, a fin de que, entre otras cosas, esté consignado en el mismo la prohibición del aborto.
El grupo estuvo encabezado por el arzobispo de Santo Domingo, Francisco Osoria, e integrado además por el vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano, José Dolores Grullón Estrella; el obispo de Bani, Víctor Masalles, y el vicario episcopal de Santo Domino Este, Benito Ángeles.
Se reunieron con Lucía Medina, presidenta de la Cámara de Diputados, cámara en la cual se encuentra la Ley luego de haber sido observada por el Poder Ejecutivo.
Fungiendo de vocero, Masalles dijo que fueron a enterarse sobre el procedimiento que se seguirá para conocer esta ley, que se encuentra bajo estudio de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Admitió que la misma envuelve “un tema delicado y sensible” y que ellos, como sacerdotes, fueron a apoyar a la presidenta de dicho hemiciclo, pues es una gran carga”.
Aclararon que no fueron a ejercer presiones sobre los legisladores.
De su lado, Medina declaró que los religiosos “están preocupados por el camino que ha seguido el Código Penal” y fueron a la sede legislativa a darle seguimiento al mismo”.
Indicó que los directivos católicos fueron informados que dicho código, inmediatamente llegó a la Cámara de Diputados, fue enviado a la Comisión Permanente de Justicia para su estudio, como lo disponen losreglamentos.
Grullón Estrella, quien además es el obispo de San Juan, de donde es la presidenta de la Cámara de Diputados, la felicitó por la forma como ha venido conduciendo los trabajos en ese órgano legislativo.
Coalición pide excluyan penalización
También este lunes la Coalición por la vida de las mujeres llamó a los diputados a excluir del Código Penal la penalización del aborto, cuando la vida de la mujer corra peligro, cuando éste sea el resultado de una violación o incesto y en el caso de que el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida.
Hicieron su llamado en una carta pública que remitieron a los legisladores, la cual firman el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA) el Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas (MUDHA), la Confederación Nacional del Campo (CONAMUCA), la Federación de Mujeres Campesinas de Villa Altagracia y la Federación de Mujeres campesinas de Bani (FEMUCABA), el Centro de Estudio de Género del INTEC, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), la Colectiva Mujer y Salud, la Articulación Nacional Campesina, Profamilia y la Federación de Mujeres campesinas de Elías Piña – FEMUCAEP-, la Asociación Nacional de Servicios de Enfermerías (ASONAEN), la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, el Colegio Médico Dominicano y la Red de Periodistas con Perspectiva de Género, entre otras entidades
Al hablar a nombre de los grupos el director del Consejo Nacional para el VIH y el Sida ( CONAVIHSIDA), Víctor Terrero, dijo que con esa medida los diputados garantizarían los derechos consignados en los artículos 38 y 42 de la Constitución.
Afirma que a pesar de que la mayoría de los legisladores están a favor de que sea despenalizada la interrupción del embarazo en las condiciones planteadas, esas pretensiones no se materializan por presiones al Congreso Nacional.
Deplora que el 20% de los partos que se realizan en el país sean de niñas y adolescentes, que lo atribuye a la responsabilidad estatal de educar en la prevención de embarazos no deseados.
La pasada semana, la Cámara de Diputados envió a la Comisión de Justicia el proyecto de Ley del Código Penal para fines de análisis, después que el Senado rechazara la observación del Poder Ejecutivo, que sugería despenalizar el aborto en algunas