La ética gubernamental como respuesta a la delincuencia y la inseguridad

La inseguridad ciudadana está constituyendo el problema con mayor incidencia en la vida dominicana. Para confirmar lo reportado en las encuestas y poder medirla ante la percepción generalizada que no se están reportando y registrando todos los casos delincuenciales, tuvimos que recurrir a la ENCUESTA NACIONAL DE HOGARES que levanta la entidad gubernamental OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA, con asesoramiento internacional.

El último informe publicado sobre seguridad ciudadana por esa oficina corresponde a agosto 2016. 

Analizándolo observamos las siguientes conclusiones fundamentales:

·         Tres de cada cuatro dominicanos consideran la inseguridad ciudadana como el problema de mayor incidencia nacional

·         72% de las conversaciones cotidianas giran alrededor de este tema

·         El miedo a la delincuencia aumentó un 8.4% durante el primer periodo de gobierno del presidente Medina

·         44% de los ciudadanos dejaron de realizar alguna actividad económica o social, un 7.8% más que antes de iniciarse el segundo periodo de gobierno del presidente Medina.

·         Prácticamente una de cada tres personas han sido víctimas, principalmente atracos y robos

Detener la inseguridad ciudadana requiere actitudes y comportamientos gubernamentales diferentes a las que se han venido siguiendo hasta ahora.

Las acciones gubernamentales se han centrado al ámbito de las sanciones punitivas y represivas, policiales y judiciales, consideradas por las Naciones Unidas como

las instituciones más infiltradas por la corrupción.

Estas acciones gubernamentales se materializan a través de operativos como el lanzamiento de agentes a las calles que no obtienen otro resultado que desnudar la negligencia previa de las autoridades.

Se cree, por otra parte, que dictando prisiones los delincuentes se combate la delincuencia; olvidando que nuestras cárceles están sobrepobladas y la sobrepoblación generan costos elevados.

Los recursos financieros son insuficientes para financiar programas de regeneración de prisioneros por lo que se termina convirtiéndolas en focos de consolidación, programación y multiplicación de la delincuencia.

Para combatir efectivamente la delincuencia se requiere un cumplimiento más riguroso de la ética gubernamental, entendida esta como el conjunto de actitudes, normas y comportamientos idóneos destinados a promover el desempeño adecuado de funcionarios públicos.

Requiérase adoptar una profilaxis más efectiva ponderando variables hasta ahora ignoradas tales como: 

1.    Testimoniar con el ejemplo comportamientos gubernamentales inductores de comportamientos adecuados de la ciudadanía,

2.    Cumplir las disposiciones sobre Ética consignadas en la le 41-08 y en el CÓDIGO DE PAUTAS ÉTICAS que el gobierno del presidente Medina dispuso al comenzar su gobierno en el 2012 para ser firmada por sus funcionarios designados (Al respecto sería conveniente que el gobierno informe si mantiene esta disposición, si la ha olvidado, si la ha hecho firmar por funcionarios designados posteriormente y que seguimiento le ha dado a los que los firmaron)

3.    Frenar la ostentación y detentación de riqueza súbita exigiéndole a sus funcionarios el cumplimiento estricto de la ley 311-14 sobre declaración de bienes con sus correspondientes actualizaciones anuales establecidas por decreto y reglamentariamente.

4.    Detener la impunidad a la delincuencia de cuello blanco que excusa la comisión de delincuencia común exigiendo a la PGR un mayor y mejor cumplimiento de sus obligaciones

5.    Convenir calendarios y programas de regeneración con las naciones amigas que repatrían dominicanos que han cometido delitos en el exterior

6.    Adoptar criterios más rigurosos para el reclutamiento y formación de agentes del orden público, cuidando que los delincuentes no se incorporen a esas instituciones.

7.    Establecer Mayor control en el otorgamiento de permisos de porte y tenencia de armas

8.    Revisar la legislación vigente sobre tráfico y consumo de sustancias

1. Desarrollar programas comunitarios para abrir oportunidades formativas, organizativa y de asistencia técnica y crediticia al establecimiento de empresas y microempresas especialmente dirigidas la juventud de los barrios

1. Re orientar la política económica y de gastos públicos vía la adopción de una economía de generación de puestos de trabajo en lugar de la economía especulativa que tenemos hoy, e invirtiendo en proyectos barriales comunitarios que reduzcan el hacinamiento y promiscuidad, mejoren la infraestructura comunitaria y superen las precariedades de servicios públicos barriales

(Parte importante de esta reorientación lo constituye una mayor equidad fiscal al tenor de lo dicho por las NNUU: “La corrupción, el soborno, el robo y el fraude fiscal cuestan …billones de dólares… al año”, dinero que podría ser utilizada para financiar iniciativas como las sugeridas en esta declaración

Nada de eso se está observando con la prioridad debida en el presente

Se recuerda que el Artículo 7 de la ley 1-12 a la que el gobierno está obligado por ley a cumplir estas obligaciones al establecerse como Primer Eje del Desarrollo: “Un Estado…con instituciones que actúan con ética…al servicio de la seguridad…la gobernabilidad, la convivencia pacífica…”.

Se recuerda además que el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por las NNUU y que el gobierno suscribió se centra en la promoción de sociedades pacíficas.

Instemos a que el gobierno cumpla las leyes y los compromisos internacionales asumidos.