La próxima legislatura no tiene el lujo de la tibiezajean
Durante más de dos décadas, la República Dominicana ha convivido con dos grandes estructuras normativas que sostienen o deberían sostener la estabilidad social del trabajador: el sistema de Seguridad Social instaurado por la Ley 87-01 y el código laboral contenido en la Ley 16-92.
Ambas leyes fueron avances en su momento. Hoy son estructuras que necesitan una revisión profunda. No cosmética. No retórica. Profunda.
La primera legislatura de 2026 enfrentará una decisión histórica: actualizar el pacto social dominicano o seguir administrando sus contradicciones hasta que la presión acumulada lo fracture. El modelo de capitalización individual partió de un principio claro: cada trabajador es dueño de su cuenta. Sin embargo, la distancia entre la rentabilidad institucional del sistema y la expectativa real de pensión del afiliado ha abierto un debate inevitable sobre proporcionalidad.
No se trata de demonizar a las AFP. Se trata de coherencia estructural. Si el sistema genera utilidades sostenidas, el afiliado debe percibir beneficios igualmente sostenidos. De lo contrario, la percepción de desequilibrio se convertirá en cuestionamiento político.
A esto se suma la informalidad estructural. Mientras una parte significativa de la fuerza laboral permanezca fuera del régimen contributivo, la Seguridad Social será un sistema incompleto.
Ampliar la cobertura no es un gesto progresista; es una condición matemática de supervivencia.Y si en Seguridad Social el debate es de legitimidad, en materia laboral es de enfoque.
La discusión pública sobre la reforma del Código de Trabajo ha sido capturada por una sola palabra: cesantía. El país ha quedado atrapado en un debate binario que oscila entre eliminarla o preservarla intacta, como si el futuro del mercado laboral dominicano dependiera exclusivamente de ese punto.
La cesantía es un derecho importante. Pero es un derecho eventual. Se activa cuando el trabajador pierde su empleo. No mejora su salario mensual. No amplía su acceso a crédito. No eleva su productividad. No fortalece su formación.
El verdadero bienestar laboral se construye con ingresos competitivos, formalización amplia, beneficios sostenidos y protección adaptada a las nuevas modalidades de empleo. El teletrabajo, la economía digital, las plataformas globales y los esquemas híbridos no existían cuando se estructuró la normativa vigente.
Insistir en discutir el mercado laboral del siglo XXI con categorías del siglo XX no es defensa del trabajador; es negación del presente. En este contexto, el rol del Comité Nacional de Salarios, adscrito al Ministerio de Trabajo, adquiere relevancia central.
Durante las últimas tres décadas, los representantes del sector gubernamental han cambiado. Los del sector empresarial también. Sin embargo, la representación laboral ha mostrado una permanencia casi inalterable.
Aquí surge una pregunta que incomoda, pero que debe formularse: ¿los trabajadores dominicanos eligieron a quienes negocian en su nombre? ¿Existe un mecanismo democrático, transparente y renovable que legitime esa representación? La estructura laboral dominicana ya no es exclusivamente industrial ni sindical en el sentido clásico. Está compuesta por jóvenes profesionales remotos, trabajadores independientes, desarrolladores digitales, creadores de contenido, técnicos especializados y empleados de plataformas.
Muchos de ellos no se sienten representados por liderazgos formados bajo lógicas de confrontación propias de la Guerra Fría. Defender derechos laborales no significa congelar el pensamiento laboral en el siglo pasado.
Si la representación no evoluciona, pierde legitimidad. Y si pierde legitimidad, pierde capacidad real de incidencia. La prioridad estratégica debería ser inequívoca: más formalización, salarios más altos y beneficios efectivos.
Un país con mayor formalización amplía su base contributiva, fortalece la sostenibilidad de la Seguridad Social, incrementa el consumo interno al generar ingresos más estables, reduce la vulnerabilidad estructural de los trabajadores y mejora el acceso al financiamiento, creando así un círculo virtuoso entre empleo digno, crecimiento económico y estabilidad social.
En cambio, centrar la reforma laboral exclusivamente en preservar una estructura de cesantía, sin atender productividad ni competitividad salarial, perpetúa un modelo de baja formalidad y escasa movilidad social. Es preferible un empleo formal con salario digno y cobertura plena que una indemnización incierta cuyo cobro depende de la pérdida del trabajo.
La primera legislatura de 2026 puede optar por administrar inercias o asumir la responsabilidad de redefinir el pacto social dominicano mediante una revisión profunda de la Seguridad Social para hacerla más equitativa, comprensible y útil al afiliado, junto con la modernización del régimen laboral para priorizar salarios competitivos, adaptación tecnológica y una ampliación real de la formalidad, así como la actualización de los mecanismos de representación para que reflejen la realidad del trabajador contemporáneo.
No se trata de desmontar derechos, sino de actualizarlos. La historia demuestra que las reformas postergadas no desaparecen: se acumulan hasta imponerse en condiciones menos favorables. La verdadera pregunta no es si el país reformará su Seguridad Social y su régimen laboral, sino si lo hará con visión estratégica en 2026 o bajo la presión inevitable del futuro.
Speaker en varios espacios de opinión política disruptiva.
Experto en comunicación política, gestión de gobierno y campañas electorales con enfoque en las estrategias digitales y manejo de crisis.
