El siguiente artículo comparte las intenciones del gobierno al proyecto de modificación a la ley de hidrocarburos 112-00 y a la modificación del reglamento aplicación de esa ley: 307-01.
Por el Ing. Rafael Rodríguez Guichardo.
Todos recordamos que, en sus propuestas de campaña una de las promesas más notorias y prometedoras del actual gobierno era la de la modificación de la ley 112-00 sobre los hidrocarburos, por considerarla muy onerosa en la parte impositiva, por lo que consideraban que era demasiado para la población y por lo que los combustibles llegaban tan caros al consumidor final.
Todos recordamos que el hoy el ministro del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, MICM, Víctor (Ito) Bisonó, con su formulita, en la que decía que casi el 50% del precio de los combustibles era de impuestos y concluía que: “Tú eres dueña de Refinería y no lo sabes”.
También recordamos al entonces senador por la provincia de Puerto Plata José Ignacio Paliza, cuando desde el senado pronunciaba su célebre frase: “Cuánto abuso al referirse de que el pueblo dominicano estaba pagando unos US$2.00 dólares por galón, solamente de impuestos en los combustibles. Dejando entrever que, si el PRM llegara al poder, eso debería ser revisado”.
Luego todos vimos al hoy presidente Luis Abinader prometer una modificación a la ley de los hidrocarburos, evidentemente se entendía que era para hacer bajar los combustibles y yo pregunto: ¿No se supone que con esa campaña y esos discursos eran con la intención de hacer una revisión eficaz a la ley 112-00 para hacer bajar los combustibles a la población? ¿No es eso lo que espera la gente? ¿No son esas sus expectativas?
Pues, lamentablemente ocurrirá todo lo contrario. Los precios probablemente subirán de precios, además, hay una amenaza oculta en ese proyecto de ley, y es la de hacer desaparecer a los administradores independientes de estaciones de combustibles, como es el caso de los miembros de Anadegas, Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas, ya que pretenden brindar en bandeja de plata el mercado completo de los combustibles al poderoso sector importador, formado por dos o tres familias sonoras y poderosas de la República Dominicana, que han incursionado últimamente en el negocio de las bombas de gasolina y la importación de combustibles.
Ese proyecto de ley en uno de sus considerandos dice: “Que constituye un interés primordial del Estado dominicano adecuar el proceso de fijación de los precios de los combustibles a un modelo más eficiente, que promueva la competencia de los agentes del mercado, con la finalidad de transferir las ventajas y ahorros al consumidor final”.
En otras palabras, el Estado está procurando poner a pelear en precios a los grandes importadores de combustibles que tienen márgenes exorbitantes en toda la cadena de comercialización, desde la importación hasta el detalle. Pues, tienen verticalizado el negocio con los detallistas de gasolina en las estaciones de combustibles, que solo ganan y mantienen sus estaciones, sus costos de operaciones y empleomanía, con un solo margen por cada galón de combustible.
En los países donde se ha permitido esa liberación de precios ha hecho desaparecer a los detallistas de gasolina, porque temporalmente ponen unos precios que son insostenibles para los detallistas que tienen que cerrar sus estaciones y las tienen que vender a precio de vaca muerta a esos mismos importadores, para que luego que ellos estén solos en el mercado imponer los precios que les dé la voluntad, debido a que no habrá quien se los impida y el pueblo pagará más caro cada galón que como lo está hoy día por ser un sector regulado. Es el gobierno quien fija los precios de comercialización.
Otra de las razones peligrosas de ese proyecto de modificación de la ley y que evidencian la protección al importador es que en el PPI, que es el Precio de Paridad de Importación, la fórmula actual del cálculo de los combustibles consta de siete elementos, y ahora en la modificación, le han añadido seis más y la han llevado hasta trece elementos de cálculo, por lo que la mayoría es para favorecer a los importadores, como ha sido siempre, pues, lo toman en cuenta en el CMT ( Costo por Manejo de su Terminal), “que es un cargo que les permite a los importadores la recuperación de inversión de capital y los costos de operaciones anuales.
Este cargo incluye los costos operativos y administrativos ajustados, correspondientes al manejo de su terminal. Incluye sueldos y salarios del personal, mantenimiento de los equipos, inventarios diarios de los tanques o esferas, costos de seguros de propiedad y riesgos a terceros, remuneración razonable al capital invertido o beneficios por importación, despacho de productos, mantenimiento general de las edificaciones y lugares accesorios (patios, jardines, caminos internos y entorno de la terminal), todo esto se determinará utilizando los costos de construcción de dicha terminal”, más bueno que es así.
Le tienen asegurado bajo la ley hasta las picadas de ojo, mientras que, al sector detallista no se les asegura nada en lo absoluto en esa modificación de la ley, y lo único que gravita sobre nosotros es que seremos sometidos a una competencia de precios con esos monstruos de manera irracional, abusiva y desproporcionada para hacernos desaparecer de nuestras estaciones junto a nuestros hijos, pues ellos pueden dar de rebaja lo que nosotros tenemos asignados como margen para sobrevivir y solo lo darán hasta que desaparezcamos.
Esto dará lugar a un monopolio que manejará a su antojo el mercado de los combustibles si pasa como ha sido concebido.
Debo decir, que la mayor parte de esas grandes inversiones que ostentan esas terminales de importación y que el gobierno tanto asegura mediante este anteproyecto de modificación de la ley 112-00, han sido pagadas por el pueblo dominicano.
Las mismas fueron producto, en su mayoría, con unas resoluciones que dieron en la pasada administración de José del Castillo, hoy senador de la provincia de Barahona y tomo una cita de CDN que en su momento hiciera una investigación minuciosa al respecto, y se las transfiero para que tengan una mejor edificación sobre cómo es que se han manejado las leyes y normas para beneficios de los grandes importadores, que hoy pretenden sacar del mercado a los detallistas de gasolina de administración independiente.
Documentos evidencian que se violentaba la ley para beneficiar a grupos empresariales y alimentar las arcas del estado.
Santo Domingo, RD. A través del programa de investigación Reporte Especial de la periodista Julissa Céspedes, que se transmite por CDN, se evidenció que, durante años, especialmente entre los años 2012 y 2016, los titulares del Ministerio de Industria y Comercio aprobaron resoluciones poco transparentes que representaron cuantiosas alzas en los precios de los combustibles, algunas de ellas para favorecer a pequeños grupos empresariales.
Según se evidenció en el programa de investigación, la administración del ex ministro José del Castillo Saviñón se caracterizó por aprobar ese tipo de medidas, algunas de las cuales, en la práctica, se han convertido en impuestos ilegales que pagamos todos los consumidores de combustibles, sin que ninguna institución del Estado se opusiera a tales irregularidades.
“El Ministerio de Industria y Comercio no legisla, quien legisla es el Congreso y cualquier carga impositiva que se aplique sobre la Ley 112-00 de Hidrocarburos tiene que pasar por el Congreso, si en el pasado, a nivel de Resolución, han ocurrido incorporaciones a los precios”.
Tal es el caso de la Resolución 007-2013 del siete de enero de 2013, la cual impone un aumento progresivo a futuro, de 80 dólares por galón en el precio de cálculo base del Gas Licuado de Petróleo (GLP), por concepto de transporte internacional de ese hidrocarburo, estableciendo la entrada en vigencia de esas alzas en un plazo de dos años, lo cual, según los economistas, es absurdo, pues resulta imposible saber cuánto costará el transporte marítimo de combustibles en un plazo tan largo.
Con esa resolución, el costo calculado por concepto de Flete en el precio de paridad de importación del GLP pasada de US$135 dólares con 50 centavos en enero de 2013, a US$205 dólares con 50 centavos en enero de 2015, aunque durante todo 2014 el costo que rigió fue de US$225 dólares con 50.
“Al PPI (Precio de Paridad de Importación) basado en un supuesto sobrecosto en el costo del transporte marítimo, transporte marítimo que nada más lo hace un solo barco aquí en RD que fue comprado por ese mismo grupo en el 2003, que debió haber sido pago como 20 o 30 veces, porque supuestamente salía más caro y no sé qué”.
Lo más grave de esa medida, es que, a esos montos aumentados en dólares, había que sumarles los impuestos de verdad, los legales, como el 16% ad valorem y las comisiones a los mayoristas, minoristas, transportistas, entre otros, por lo que el aumento en el precio del combustible era exponencial.
Pero peor que aquello, fue la medida aplicada por el mismo José del Castillo Saviñón, hoy senador por la provincia Barahona, a través de la Resolución 365-2015 Bis, de fecha 30 de diciembre de 2015, en la que dispone dos nuevos aumentos en el precio cálculo base del GLP.
El primero es de otros 30 dólares por concepto, otra vez, del flete internacional por transporte del combustible, el cual sube ahora de US$2015 dólares con 50 a US$225 dólares con 50 centavos por tonelada métrica de GLP importado. Además, aumentó otro costo de base para el cálculo del combustible, definido como costos de operación de la terminal de importación, el cual elevó de US$47 dólares con 50 a US$60 dólares por tonelada métrica.
Esa Resolución que 365-2015 Bis que estableció un aumento de US$32 dólares con 50 de un solo fuetazo al precio de Paridad de Importación del GLP, sólo tuvo una justificación: Financiar la ampliación de la terminal de importación de combustibles de San Pedro de Macorís, propiedad de la empresa Coastal Dominicana, tal como ésta lo solicitó a ese ministerio.
Es decir, el entonces ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, impuso un elevado recargo en el precio de base al GLP que pagamos todos los consumidores, para que la empresa Coastal pudiera ampliar su capacidad de importación de combustibles y, por ende, ganar más dinero.
Ese decir, que, entre enero de 2013 y diciembre de 2015, José de Castillo Saviñón elevó el precio de base para el cálculo del precio de GLP, el combustible más consumido en la República Dominicana, en US$112 dólares, a lo que se suman los impuestos y demás cargos.
La investigación de la periodista también reveló que el monto denominado Gasto de Administración de Ley, mejor conocido como GAL, el cual también se le carga al precio base del combustible, no está transparentado y ni siquiera los más estudiosos del tema conocen con precisión a cuánto asciende.
Fin de la cita.
Cómo se puede ver, al presidente Luis Abinader le han presentado una modificación a la ley de hidrocarburos 112-00 que de seguro no fue lo que él pidió, pues es evidente que su interés ha sido el de lograr una buena administración del manejo de los cálculos del famoso PPI y lograr ahorros que pudieran ser transferidos al consumidor final.
Es necesario dar a conocer a la opinión pública nuestra inquietud, pues, este proyecto de ley fue elaborado en un silencio absoluto con un gran hermetismo y ni siquiera dieron la oportunidad, como han hecho en otras ocasiones, de darlo a conocer a la opinión pública para su estudio y opiniones de los sectores interesados, sino que lo han enviado al Congreso para que sea en ese hemiciclo donde se hagan las sugerencias, cuando debió de llegar allí ya consensuado porque se supone que el gobierno tendría la buena voluntad de hacer una buena reforma a esa ley.