SANTO DOMINGO.- El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) y la Defensoría del Consumidor del Gobierno de El Salvador firmaron este lunes un acuerdo de colaboración que incluye intercambio de políticas institucionales, mecanismos de resolución de conflictos, herramientas de observancia y vigilancia de los establecimientos comerciales y procedimientos para la aplicación de la ley de protección de los derechos de los consumidores.
El acuerdo, firmado por el director ejecutivo de Pro Consumidor, doctor Eddy Alcántara, y el presidente de la Defensoría del Consumidor de El Salvador, licenciado Ricardo Arturo Salazar Villalta, establece que ambas instituciones se comprometen a prestarse asistencia mutua para aprovechar sus experiencias y fortalecer la aplicación de su legislación y política de protección al consumidor.
Igualmente se resalta, que todas las actividades de intercambio de experiencias en calidad de asistencia técnica que se desarrollen bajo este memorando, “están sujetas a disponibilidad de fondos presupuestarios para cada firmante”.
El convenio, firmado en la sede de Pro Consumidor, dice que el mismo busca favorecer el establecimiento de servicios de consulta y de mecanismos extrajurídicos de solución de diferencias transfronterizas, “dentro del ámbito competencial de las administraciones de protección al consumo en ambos países, en la contratación y adquisición de bienes y servicios en los que estén implicados consumidores y empresas radicadas en ambos países”.
También, promover la cooperación y coordinación entre los firmantes sobre los asuntos que sean materia de su competencia y mutuo interés.
Asimismo, las dos instituciones declaran su intención de establecer actividades conjuntas a través de capacitaciones, seminarios, conferencias, pasantías y asesorías que se podrán replicar en la República Dominicana o en El Salvador.
Acuerdan, además, que ambas partes podrán realizar consultas sobre temas relacionados al derecho de consumo “o cuando se evidencie la realización de infracciones a los derechos de los consumidores en uno de los países firmantes con efecto en el de otro firmante”.
En uno de los artículos se establece que las dos instituciones defensoras de los derechos del consumidor convienen crear una Mesa de Trabajo Conjunto, con enlaces de ambas partes, las cuales podrán reunirse con previa convocatoria “para viabilizar, gestionar y dar seguimiento a los programas aprobados para su ejecución, de modo que no haya atraso en las ejecuciones de los mismos”.
En el documento se resalta la importancia que tiene para la economía de los países firmantes, la realización de actividades para la promoción de los derechos y protección de los consumidores en sus respectivos territorios.
También reconocen que la colaboración mutua constituye uno de los principios básicos de las Administraciones Públicas, “como uno de los mecanismos más eficaces para impulsar procesos de desarrollo dinámico y sustentable que se ajusten a los cambios y exigencias de la época”.
Asimismo, destacan en el convenio que las partes son instituciones determinadas a definir acciones conjuntas con el objetivo de fomentar una cultura de consumo responsable en las comunidades, estimular mejores prácticas comerciales, “así como la vinculación con otras entidades públicas-privadas, todo lo cual repercutirá positivamente en los consumidores dominicanos”.