BARAHONA. – Varias federaciones y asociaciones de suplidores de alimentos escolares han calificado como una “variante perturbadora”, de “poco tino” y “falta de juicio” el proyecto impulsado por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) que busca eliminar a los proveedores actuales del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la República Dominicana.
La Federación Nacional de Suplidores, Alimentos y Afines (Fenafin), la Unión Nacional de Suplidores de Alimento Escolar (Unsae), la Asociación Dominicana de Industrias Alimentarias (Asodoina) y la Asociación de Suplidores y Proveedores de Alimentos a las Escuelas de la República Dominicana (Asupliderd) expresaron su profunda preocupación por esta iniciativa legislativa. Aseguran que el proyecto tiene un marcado interés en quebrar económicamente a miles de familias que dependen de las pequeñas empresas que suplen el almuerzo escolar en todo el territorio nacional.
Impacto Económico y Llamado al Presidente Abinader
Las organizaciones señalaron que muchos de sus miembros han incurrido en préstamos para establecer sus cocinas industriales, por lo que se preguntan cuál será su destino si la pieza legislativa, ya sancionada por la Cámara de Diputados y actualmente en el Senado, prospera.
En este sentido, hicieron un llamado al presidente Luis Abinader para que, en caso de que el Proyecto de Ley sea sancionado favorablemente por la Cámara Alta, haga uso de sus facultades constitucionales y observe la pieza. Advierten que su aprobación arruinaría a cientos de miles de familias que se sustentan de esta actividad económica.
Fortalecer el Modelo Existente, no Eliminarlo
Las entidades afirman que, más que crear un proyecto de ley para eliminar a quienes por 15 años han sostenido el Programa de Alimentación Escolar (PAE), cualquier iniciativa legislativa debe estar orientada a fortalecer el mecanismo ya existente.
Fenafin, Unsae, Asodoina y Asupliderd enfatizaron que han sido ellos quienes, durante década y media, han sustentado el PAE, un instrumento que ha generado una dinámica productiva y económica en los territorios. Intentar suplantarlo de un “plumazo”, sostienen, no solo no contribuye a mejorar, sino que empobrece a los propietarios de las cocinas industriales responsables de alimentar al alumnado nacional.
“Nosotros no nos oponemos a una mejora, a que nos regulen mediante una ley; a lo que nosotros sí nos oponemos es al intento de eliminarnos, porque toda mejora debe ser a partir de lo que ya existe”, afirmaron de manera conjunta.
Calidad del Servicio y Advertencia sobre Consecuencias
Asimismo, destacaron que durante estos 15 años han brindado un servicio de alimentación escolar de calidad, sus emprendimientos productivos han sido certificados y el personal que labora en las cocinas ha recibido capacitaciones en el manejo de alimentos, lo que ha contribuido a ofrecer una alimentación de calidad a los estudiantes.
Precisaron que cientos de miles de empleados y microempresas intervienen en el PAE, y advirtieron a las autoridades sobre las graves consecuencias que podría acarrear la continuidad de la pieza legislativa, especialmente en los territorios más carenciados y económicamente deprimidos de la República Dominicana.
El Caso de Barahona: 1,700 Empleados y 110 MIPYMES en Riesgo
En el caso específico de la provincia de Barahona, se estima que unos 1,700 empleados y 110 MIPYMES suplen las materias primas para la elaboración del alimento escolar. De aprobarse el proyecto, estas personas y empresas se verían directamente afectadas.
“Si usted multiplica que individualmente de esos 1,700 empleados directos dependen 3 personas, hablamos de 5,100 en promedio, e igual ocurriría con las MIPYMES, porque el motoconcho, los taxis son impactados con esta actividad”, señalaron.
Finalmente, las organizaciones advirtieron que esperan que el proyecto de ley sea el resultado del consenso y no de la imposición, y que se evalúen todas las variables, ya que toda iniciativa debe estar orientada a proteger y no a lo contrario.