¿Pulso Político o Rigor Municipal? Funcionarios de Barahona alistan artillería legal contra Miguel Florián por invasión de espacio público
BARAHONA, RD. – El panorama político y municipal en la “Perla del Sur” se calienta. Fuentes de entero crédito vinculadas a la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM) revelaron a Polo Noticias que se estaría orquestando una ofensiva legal contra el ex diputado y empresario de bancas, Miguel Florián, debido a presuntas violaciones a las leyes de ordenamiento territorial.
El nudo del conflicto: La Tony Mota Ricart
La controversia se centra en una edificación comercial ubicada en la estratégica esquina de la calle Tony Mota Ricart con Avenida Casandra Damirón. Según informes técnicos emanados del departamento de Planeamiento Urbano, la estructura estaría ocupando de manera ilegal el espacio aéreo público sobre las aceras, un desafío directo a las normativas de urbanidad vigentes.
A pesar del hermetismo oficial, en los pasillos del cabildo local el rumor cobra fuerza: no se descarta una orden de demolición para las áreas que sobresalen de los límites legales.
Sentencia previa y el “ruido” político
El caso no es nuevo para la justicia. Existe ya una sentencia de la Segunda Sala Civil y Comercial de Barahona que ordena la paralización inmediata de la obra. Sin embargo, el regocijo por el “cumplimiento de la ley” se ve empañado por las suspicacias del momento.
El reconocido jurista Yván Ariel Gómez Rubio, quien junto a los abogados Carlos Javier Medina y Gilbert Ronaldo impulsó inicialmente la acción judicial ante la previa inacción municipal, cuestionó el “timing” de esta embestida.
“Es extraño que quieran actuar justo ahora, tras la renuncia de Florián del PRM y sus posibles acercamientos con la Fuerza del Pueblo. La ley debe aplicarse siempre, no usarse como un tablero de ajedrez político”, señaló el abogado.
Un desafío al orden municipal
Por otro lado, un regidor —bajo reserva de identidad— confirmó a este medio que la construcción ha continuado pese a las restricciones judiciales, lo que se interpreta como un desafío directo a la autoridad del síndico Mictor Fernández y a la Sala Capitular.
“Es hora de poner orden en el casco urbano, sea quien sea el infractor”, sentenció el concejal, asegurando que la impunidad frente al uso del espacio que pertenece a todos los ciudadanos debe terminar.
¿Se trata de una aplicación estricta de la ley municipal o de una factura política por el cambio de bando del ex legislador? El pueblo de Barahona observa atento.
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