República Dominicana tiene un nuevo Código Penal, pero su aplicación será en 2026
Santo Domingo. El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha promulgado el nuevo Código Penal, convirtiéndolo en ley tras su aprobación en el Congreso Nacional la semana pasada. Esta nueva normativa, identificada como la ley número 74-25, representa un hito esperado por más de dos décadas en el país.
Un año de “vacatio legis” para su entrada en vigor
A pesar de su promulgación, la ley no entrará en vigor de inmediato. La normativa establece un plazo conocido como vacación legal o “vacatio legis”, que durará hasta agosto de 2026. Durante este periodo, los integrantes del sistema judicial y los órganos persecutores tendrán tiempo para readecuar sus estructuras y familiarizarse con las nuevas disposiciones.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, valoró positivamente la promulgación, destacando que moderniza el marco legal para sancionar delitos. “Hoy el país debe estar de fiesta”, afirmó, resaltando los avances en la protección de los derechos de la niñez y las mujeres, así como las penas más severas para delitos como el feminicidio, el sicariato y el uso del “ácido del diablo”.
Oportunidad para ajustes y capacitación
El diputado Eugenio Cedeño explicó que este año de vacación legal permitirá al Congreso, en conjunto con el Poder Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia, proponer y realizar las modificaciones necesarias para fortalecer la ley.
“Este año de vacación legal es para que los actores del proceso, abogados, jueces y fiscales, tengan el tiempo suficiente para prepararse en cuanto a conocimiento del código”, agregó Cedeño. Esto asegurará que, una vez en vigencia, la aplicación de la ley sea efectiva y coherente.
Amplio respaldo de la sociedad civil
La promulgación ha recibido el apoyo de diversos sectores, incluyendo el Ministerio Público y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica. El presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Trajano Vidal Potentini, calificó la decisión del presidente Abinader como un “acto de valentía y responsabilidad política”, subrayando la importancia de esta nueva legislación para la modernización del sistema judicial del país.
