Tensión en La Guázara: Denuncian atropello policial y militar en medio de tregua navideña de la Procuraduría
𝑳𝒂 𝑮𝒖𝒂𝒛𝒂𝒓𝒂, 𝑩𝒂𝒓𝒂𝒉𝒐𝒏𝒂.– Lo que debió ser una jornada de reclamo pacífico se tornó en un escenario de alta tensión. Residentes de la comunidad de La Guázara denunciaron este miércoles una intervención brusca por parte de agentes de la Policía Nacional y efectivos militares, quienes irrumpieron en una manifestación que buscaba impedir la desconexión del servicio de agua potable en la zona.
Denuncian uso excesivo de la fuerza
Según testimonios recolectados por nuestro equipo, la actuación de los uniformados sobrepasó los límites de la mediación. Los comunitarios manifestaron su indignación tras presenciar el maltrato físico hacia un ciudadano, quien fue neutralizado en el pavimento de forma desproporcionada. Aseguran que en el operativo no se aplicaron los protocolos modernos de contención ni el respeto a los derechos ciudadanos que mandan los reglamentos de las instituciones castrenses y policiales.
Violación a la disposición de la Procuraduría
El punto de mayor controversia radica en que este operativo de fuerza pública se produce a pesar de existir una ordenanza expresa de la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo con un documento oficial emitido el pasado 2 de diciembre y firmado por la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso Gómez, queda suspendido el auxilio de la fuerza pública para desalojos y medidas similares desde el 2 de diciembre hasta el 8 de enero de 2026, por estrictas razones humanitarias y debido a las festividades navideñas.
“Es inaudito que mientras el Ministerio Público manda a una tregua por la Navidad, aquí nos manden guardias y policías por un problema de agua que es vital para nuestras familias”, expresó uno de los manifestantes.
Clamor por justicia y transparencia
La comunidad de La Guázara lamentó que este tipo de incidentes, que afectan directamente el bienestar de decenas de hogares en una época tan sensible, no reciban la cobertura necesaria en los grandes medios nacionales.
Ante esta situación, los residentes hacen un llamado enérgico a las autoridades correspondientes para que se abra una investigación inmediata. Exigen que se determinen responsabilidades sobre quién autorizó el uso de la fuerza pública en franca violación a la disposición de la PGR y que se garantice el suministro de agua como un derecho humano fundamental.
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