Urgen a las autoridades a frenar el “linchamiento mediático” en República Dominicana
https://wp.me/pbcL6T-alO SANTO DOMINGO.— Diversas organizaciones y ciudadanos de la sociedad civil han elevado una enérgica denuncia contra el uso irresponsable de los medios de comunicación, exhortando al Estado dominicano a tomar medidas para proteger el derecho al honor y la dignidad de las personas frente a la difamación sistemática.
La denuncia, que fue dirigida a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y el presidente Luis Abinader, señala que individuos con historial delictivo están utilizando plataformas radiales, televisivas y digitales para difamar a figuras públicas y privadas sin enfrentar consecuencias legales.
El reclamo cita específicamente a personas como Claudina Pérez Ramírez (“La Tora”) y Antonio Carbone, quienes, según el comunicado, continúan emitiendo señalamientos graves y sin fundamento, perjudicando la reputación de empresarios, funcionarios públicos y ciudadanos. Los denunciantes sostienen que la inacción de las autoridades ha permitido la normalización de este comportamiento, erosionando la credibilidad de los medios y los derechos fundamentales de las personas.
En su comunicado, los afectados enfatizaron la necesidad de hacer valer el marco legal existente, aclarando que no se trata de censurar la opinión, sino de establecer límites claros. “Es necesario que se haga valer el marco legal vigente. No se trata de censurar opiniones, sino de establecer límites cuando se traspasa la línea del derecho a la información para entrar en territorio de difamación y descrédito personal”, reza el escrito.
La solicitud de las organizaciones y ciudadanos es clara: que se apliquen las leyes dominicanas, incluyendo el Código Penal, la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Todas estas leyes están diseñadas para proteger la honra y la dignidad de las personas, tanto en medios tradicionales como en plataformas digitales.
Además de las acciones legales, los denunciantes proponen medidas como la revocación del acceso a medios de comunicación a quienes los usen de manera sistemática para atacar a terceros, especialmente a aquellos con antecedentes judiciales.
“El Estado no puede seguir siendo espectador mientras se vulnera la reputación de las personas. El silencio institucional frente a este tipo de violencia simbólica envía un mensaje de impunidad”, concluye el comunicado, que culmina con un llamado a la acción: “Defender el honor es defender la justicia. La ley debe aplicarse sin excepciones ni privilegios”.
