¿Y si el pueblo votara por cada ley? La tecnología frente al poder legislativo dominicano

En la República Dominicana elegimos diputados y senadores para que nos representen. Pero representar no significa sustituir la voluntad popular. Y en pleno 2026, con tecnología capaz de manejar transacciones bancarias millonarias en segundos, surge una pregunta que incomoda al poder:

¿Por qué el pueblo no puede votar directamente las grandes decisiones del país?

Cada vez que el Congreso aprueba una reforma fiscal, un préstamo internacional o una ley controversial, la reacción ciudadana es inmediata. Indignación, debates en redes, acusaciones de acuerdos políticos. La desconfianza no es casual; es acumulativa.

Y cuando la confianza baja, la legitimidad también.

El argumento tradicional es que vivimos en una democracia representativa. Que el pueblo elige y el Congreso decide. Pero ese modelo nació en una época sin internet, sin participación digital, sin herramientas de verificación masiva en tiempo real.

Hoy, técnicamente, es posible construir una plataforma segura, auditada y transparente que permita al ciudadano votar directamente sobre propuestas clave. No se trata de eliminar el Congreso, sino de redefinir su función: pasar de decisor exclusivo a facilitador del mandato popular.

La resistencia a esa idea revela algo más profundo: el poder rara vez se comparte voluntariamente.

Se dirá que el pueblo puede ser manipulado. Que hay desinformación. Que no todos entienden temas técnicos. Pero, ¿Acaso los legisladores están inmunes a presiones políticas, intereses económicos o disciplina partidaria? Ellos también son humanos. También pueden equivocarse. También pueden ceder.

La diferencia es que el ciudadano no negocia en oficinas cerradas.

Un modelo híbrido —donde el pueblo vote de forma vinculante en reformas estructurales y decisiones de alto impacto económico— podría fortalecer la legitimidad democrática. Obliga a la transparencia. Obliga a explicar mejor. Obliga a argumentar.

Y obliga al Congreso a escuchar.

La verdadera pregunta no es si la tecnología lo permite. Es si el sistema político dominicano está dispuesto a evolucionar.

Porque cuando la ciudadanía siente que no decide, busca cómo recuperar su voz. Y en la era digital, esa voz no se apaga; se amplifica.

Tal vez el futuro no sea un Congreso con menos poder.
Tal vez sea un Congreso con más responsabilidad frente a un pueblo que ya no quiere delegar en silencio.

La democracia del siglo XXI no se mide solo en elecciones cada cuatro años.
Se mide en participación constante.

Y esa conversación apenas comienza.