Cada vez que me detengo en un semáforo de Santo Domingo y observo decenas de motocicletas rodeando los vehículos, avanzando entre carriles o subiendo aceras como si las normas de tránsito fueran simples sugerencias, tengo la sensación de que República Dominicana normalizó hace tiempo una realidad profundamente preocupante. El motor dejó de ser únicamente un medio de transporte. Hoy es el reflejo más visible de nuestras carencias estructurales.
Que más de la mitad del parque vehicular nacional esté compuesto por motocicletas no debería interpretarse como una simple estadística de movilidad. Para mí, es la evidencia más contundente de un modelo urbano y económico que no logró ofrecer soluciones dignas, seguras y eficientes a millones de ciudadanos.
Durante años escuchamos discursos sobre crecimiento económico, modernización e inversión en infraestructura. Sin embargo, la vida cotidiana cuenta otra historia. El dominicano que sale temprano a trabajar en un motor no necesariamente lo hace por comodidad. Muchas veces lo hace porque el transporte público sigue siendo insuficiente, porque no puede costear otro vehículo o porque necesita sobrevivir dentro de una economía cada vez más informal.
La motocicleta se convirtió en taxi, oficina móvil, herramienta de reparto y mecanismo de subsistencia. El auge de los deliverys y de los motoconchos terminó consolidando un ecosistema donde el motor pasó a ser indispensable. Pero mientras esa realidad crece de manera acelerada, el Estado parece limitado a operativos pasajeros y campañas repetitivas sobre educación vial que rara vez transforman conductas.
Y ahí está una de las mayores contradicciones: hemos aprendido a convivir con el desorden como si fuera inevitable. Nos acostumbramos a ver motoristas circulando sin casco, desplazándose en vía contraria o invadiendo espacios peatonales. La anormalidad terminó convertida en paisaje urbano.
A veces siento que el país persigue las consecuencias sin enfrentar nunca las causas. Porque el problema no es solamente la imprudencia del motociclista. El problema es mucho más profundo: ciudades mal planificadas, sistemas de transporte insuficientes, ausencia de controles sostenidos y una informalidad económica que empuja a miles de personas hacia soluciones rápidas y riesgosas.
Mientras se inauguran elevados, corredores y grandes obras, la realidad cotidiana sigue dependiendo de un sistema informal de movilidad que evidencia desigualdad social y debilidad institucional. El motor llena vacíos que el Estado nunca resolvió.
Y quizás eso sea lo más inquietante de todo. El ruido constante de las motocicletas no habla únicamente del tránsito. Habla de un país que sigue creciendo sin orden, donde la improvisación muchas veces avanza más rápido que la planificación.
República Dominicana no puede conformarse con fiscalizar motores mientras ignora las razones por las cuales millones de ciudadanos sienten que no tienen otra alternativa.