El titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Dantés Díaz, afirmó que la decisión emitida ayer por el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional reafirma la importancia del debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia.
El pasado viernes, la jueza Altagracia Ramírez decidió enviar a juicio a 35 de los 40 acusados por el Ministerio Público en un caso relacionado con un presunto fraude al Estado superior a 19,000 millones de pesos.
Sin embargo, la magistrada dictó autos de no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y de otros tres imputados.
Entre los enviados a juicio figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz, señalado por el Ministerio Público como una de las piezas centrales de la presunta estructura de corrupción. También fueron enviados a juicio el abogado Ángel Lockward y numerosas personas físicas y jurídicas vinculadas al expediente.
A través de su cuenta en X, Dantés escribió: “durante años advertimos sobre los riesgos de sustituir la justicia por la condena mediática“. Asimismo, señaló que “respecto de quienes han sido enviados a juicio, corresponderá a los tribunales decidir en su momento, siempre sobre la base de pruebas y conforme al derecho”.
Campañas mediáticas y judicialización selectiva
A inicios de esta semana, el dirigente político recordó que el PLD ha sostenido desde el comienzo que los procesos desarrollados en los últimos años estuvieron acompañados de campañas mediáticas, judicialización selectiva y acciones orientadas, según afirmó, a afectar la reputación de determinados dirigentes desde el poder político.
Para el jurista, esta situación, además de representar un uso desmedido del poder, genera un ambiente de condena pública anticipada y vulneración de derechos fundamentales.
El PLD ha denunciado en múltiples ocasiones el presunto uso de los aparatos judicial y comunicacional como herramientas de confrontación política, en el marco de una estrategia para desacreditar a dirigentes de la oposición y construir narrativas sustentadas más en percepciones mediáticas que en decisiones definitivas de los tribunales.