SANTO DOMINGO – En una decisión que marca un precedente en la gestión de conflictos socioambientales en la República Dominicana, el presidente Luis Abinader ordenó este lunes la paralización inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan de la Maguana.
La disposición del mandatario responde directamente al firme rechazo manifestado por diversos sectores de la sociedad sanjuanera, quienes han expresado su preocupación por el posible impacto ecológico y social de la iniciativa en la cuenca alta del río San Juan.
Compromiso con la Ley y la paz social
Durante un breve encuentro con la prensa, el jefe de Estado explicó que la medida se fundamenta en el cumplimiento estricto de la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Según el presidente, esta normativa faculta al Estado a evaluar la inviabilidad de proyectos de alto impacto cuando existe una oposición social significativa que pone en riesgo la armonía y el desarrollo sostenible de la zona.
“Nuestra gestión se caracteriza por escuchar a la gente. Hemos analizado el escenario y, ante la postura de los comunitarios, hemos determinado que el proyecto no es viable bajo las condiciones actuales”, afirmó Abinader, subrayando que la prioridad del Gobierno es la tranquilidad y el bienestar de los habitantes de la región.
Aclaraciones sobre el estatus legal
Para despejar dudas sobre la cronología del caso, el Poder Ejecutivo recordó que las concesiones de exploración que originaron este tema datan de años anteriores, específicamente desde 2005, con renovaciones efectuadas en 2010, 2015 y 2018 por administraciones pasadas.
En ese orden, las autoridades aclararon que, durante la presente gestión gubernamental, el proyecto Romero nunca contó con permisos de explotación. La empresa operadora se encontraba únicamente en la fase de evaluación ambiental, etapa que ha quedado clausurada tras la disposición presidencial de hoy.
Un precedente para el país
Esta resolución es vista por analistas locales como una señal clara del actual gobierno de priorizar el diálogo y el consenso social frente a los proyectos extractivos. La decisión no solo lleva calma a las familias de San Juan, sino que también establece un marco de referencia sobre cómo la administración pública maneja hoy las demandas ciudadanas en el territorio nacional.
Con este paso, el Gobierno reafirma su compromiso con un modelo de desarrollo que busca el equilibrio entre la inversión y la protección de los recursos naturales que pertenecen a todos los dominicanos.
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