A veinticinco años de la Ley 87-01, el sistema dominicano de seguridad social parece haber olvidado a quién debía servir: el afiliado. Así lo advierte el economista y experto en seguridad social Arismendi Díaz Santana en una entrevista concedida a Diario Libre, donde afirma con contundencia que “los afiliados no son los más beneficiados, ni en pensiones ni en salud”.
Durante años, el sistema ha mostrado capacidad para acumular recursos, pero enormes limitaciones para garantizar pensiones dignas y servicios de salud realmente accesibles. Mientras las AFP y otros actores financieros consolidan ganancias, millones de trabajadores temen llegar a la vejez con ingresos insuficientes y cobertura precaria.
La informalidad laboral agrava todavía más el problema. Una parte importante de la población envejece fuera del sistema, sin protección ni posibilidades reales de retiro digno. El resultado es una seguridad social que funciona bien para recaudar, pero no necesariamente para proteger.
Por eso, la reforma no puede seguir posponiéndose. Se requiere una legislación que coloque al ciudadano en el centro, fortalezca la supervisión pública, garantice mayor equidad y devuelva sentido social a un modelo concebido para ofrecer seguridad, no incertidumbre.
Reformar la seguridad social no debe ser una disputa entre intereses corporativos. Debe ser, ante todo, un compromiso con la dignidad humana.