SANTO DOMINGO, RD.– Un verdadero avispero se ha alborotado en las filas del Ejército de la República Dominicana (ERD) tras destaparse un presunto esquema de fraude académico. El escándalo, que buscaba meter “gato por liebre” con certificados alterados para lograr ascensos, ya provocó la destitución fulminante de los directores de Asuntos Internos y de Operaciones (G-3), además de la cancelación de seis oficiales autorizada por el Poder Ejecutivo por cometer faltas graves.
El “goteo” de investigados no para
La comisión que lleva el caso mantiene un ritmo acelerado en los interrogatorios. Hasta el momento, las autoridades citaron a 24 oficiales para que rindan cuentas, entre los que se encuentran:
- 5 Tenientes Coroneles
- 8 Mayores
- 6 Capitanes
- 5 Primeros Tenientes
A este grupo se le suman otros 10 oficiales subalternos que ya pasaron por el banquillo de los acusados. Las autoridades castrenses advirtieron que la lista podría alargarse a medida que se sigan revisando los archivos del sistema informático de la institución.
Escaneos, firmas falsas y un sargento prófugo
Fuentes ligadas a la investigación revelaron que esta mala práctica no es nueva, sino un “maquillaje” que se venía arrastrando desde hace más de una década. El modus operandi consistía en tomar diplomas originales de los cursos básico y medio de infantería (impartidos en San Isidro), escunearlos y alterarles los nombres, fechas y hasta las firmas de los altos mandos a cambio de supuestos sobornos a los operadores del sistema. En esta ocasión, el foco de la investigación está sobre los documentos registrados en el año 2025.
El dato: La Dirección de Inteligencia Militar (G-2) activó la localización de un sargento mayor de apellido Morrillo, señalado como el presunto operador que introducía los datos falsos en el sistema del G-3 y quien emprendió la huida tan pronto se enteró de que lo estaban buscando para interrogarlo.
Varios de los oficiales llamados a capítulo ya admitieron ante los investigadores que, en realidad, nunca pisaron las aulas para realizar dichos cursos, a pesar de que aparecían como válidos en el Sistema Integrado del Ejército.
La comandancia del Ejército aclaró de manera oportuna que el hecho de estar bajo investigación no define la culpabilidad de los implicados. Será la junta investigadora la encargada de determinar el nivel de responsabilidad de cada uno tras analizar de arriba abajo todas las evidencias del caso.
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